martes, 9 de agosto de 2016

Un nido de tortuga boba en Valencia

Valencia, 8 ago (EFE).- Una llamada a tiempo al 112 hecha por unos inesperados testigos permitirá que los 88 huevos de tortuga boba, una especie en peligro de extinción, puedan tener un final feliz en unas condiciones que no eran a priori las más favorables: un nido en una concurrida playa de Valencia y en pleno agosto.



Según explican a EFE los responsables de su cuidado y vigilancia, gracias a la rápida intervención de técnicos y especialistas, el nido está ahora tan protegido que hasta se salvaguarda su ubicación para que la vorágine estival y la presencia de curiosos no impida la eclosión de los huevos, prevista para la próxima semana y que incluso estará vigilada por una Unidad Militar de Emergencias.


Todo ocurrió hace escasos días, cuando un grupo de jóvenes que se encontraba en una playa de Sueca (Valencia) vio salir una tortuga de grandes dimensiones, llamó al 112 y permitió que se activara el protocolo.


Los jóvenes entretuvieron al ejemplar de grandes dimensiones -su caparazón puede superar el metro de largo-, hasta que llegaron los técnicos, que pudieron hacerle analíticas, localizar el nido y protegerlo, relata a EFE la concejal de Medio Ambiente de Sueca, Isabel Jiménez.

"En 200 años, es la cuarta tortuga marina que ha venido a nuestras costas a desovar", explica a EFE Juan Eymar, técnico en recuperación de fauna marina de la Conselleria de Medio Ambiente, "así que estamos de enhorabuena".

"Se cogieron unos cuantos huevos y se llevaron a una incubadora dentro del Oceanogràfic -de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia-, más que nada por si este nido se inunda u ocurriera algún otro tipo de accidente. A partir del día 17 empezamos a estar en zona de riesgo para que este nido pueda eclosionar", detalla.

Según Eymar, este nido "está protegido", y dos veces al día él comprueba "que todo está perfecto". El nido está a 50 centímetros de profundidad, protegido con una redecilla metálica y dentro de una reserva integral, en la que está prohibida la entrada de personas al ser una zona acotada.

"Las tortugas nacen todas a la vez, pero no salen de una en una al exterior. Emiten un sonido y salen juntas a la superficie y así tienen más posibilidades de sobrevivir", explica Eymar.

A los siete u ocho días después de nacer se soltarán en Sueca (Valencia), aunque algunas se quedarán en el Oceanogràfic hasta que tengan un tamaño apropiado. Se estudiará colocarles un satélite antes de soltarlas en el mar: "Todo es para seguir aprendiendo", señala.

Según sus cálculos, el 75 por ciento de casos como éste (unos 66 huevos) suele acabar con éxito en una nidificación, pero suele ser abundante la mortandad y la depredación.

La playa valenciana de Puçol y las alicantinas de San Juan y Torrevieja fueron los puntos donde en años anteriores se pudieron localizar nidos de tortugas.

La tortuga boba es una especie protegida que puede llegar a vivir 90 años y pesar 100 kilos, y de la que se desconoce el número de miembros que habita en las aguas del Mediterráneo.

Desde la Conselleria explican que se hacen grandes campañas para que se sepa que no hay sanción por pescarla accidentalmente y la necesidad de llamar al 112 para activar el protocolo. De hecho, este año se regalará una estancia hotelera de lujo para el pescador que más tortugas entregue.

Por su parte, Sara Sánchez-Quiñones, portavoz de la asociación Xaloc, que se encargará a partir del próximo día 17 de custodiar y vigilar el nido durante las 24 horas, comenta a EFE que su labor pasa por la vigilancia integral hasta el nacimiento de las tortugas.

A partir de esa fecha, la Unidad Militar de Emergencias (UME) instalará una tienda de campaña de las utilizadas en operaciones especiales, el Parador de El Saler se ocupará de la comida de los voluntarios, y la firma francesa Decathlon colaborará con la ropa que van a llevar.

"Hay muchísima emoción porque a un evento tan insólito merece la pena dedicarle el máximo esfuerzo posible", concluye Sánchez-Quiñones.

Raquel Segura

lunes, 1 de agosto de 2016

miércoles, 8 de julio de 2015

Denuncian un hotel balneario ilegal en la costa de Pontevedra

Talaso Atlántico es un complejo turístico formado por un hotel, un restaurante y un centro de talasoterapia. Está edificado a escasos 102 metros de la línea de costa y se halla enclavado una zona de especial relevancia paisajística en el municipio de Sta Mª de Oia al sur de la provincia de Pontevedra. Fue construido en suelo rústico de protección ordinaria (al lado del emblemático Faro Silleiro), inaugurado en 2003 y, tras varias denuncias interpuestas por cometer distintas irregularidades urbanísticas, finalmente, sus licencias de construcción fueron ANULADAS POR SER CONTRARIAS A DERECHO según ha declarado el TSJ de GALICIA en SENTENCIA FIRME del 18/03/09.

Ahora, según dicta el alto tribunal, se tendrá que reponerse la legalidad, es decir, derribar el enorme edificio de más de 10.000 m2 situado al borde del mar.

https://talassoatlantico.wordpress.com/

jueves, 27 de junio de 2013

Nos jugamos la costa



Cada día la construcción devora en nuestro país una superficie de costa similar a ¡ocho campos de fútbol! Y para colmo, el gobierno acaba de aprobar una nueva Ley de Costas que permite construir aún más cerca de la orilla. Pero la Comisión Europea está pensando en intervenir, y un inapelable mandato ciudadano puede empujarles a actuar.

Esta nueva agresión a nuestro medio ambiente no solo vulnera las leyes de la Unión Europea, sino que además podría favorecer a algunos de los benefactores anónimos del PP que aparecen en los papeles de Bárcenas. Pero Greenpeace está a punto de presentar una denuncia formal ante la Comisión Europea que podría llevar a la paralización de la ley. Y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo nos ha confirmado que el apoyo de un amplio número de ciudadanos puede ser el elemento clave para que se admita a trámite.

No hay tiempo que perder. Esta puede ser nuestra mejor oportunidad para salvar nuestras costas. Firma esta petición urgente y cuando seamos 150.000, Greenpeace y Avaaz entregaremos las firmas a la Comisión Europea. No te lo pienses, actúa y comparte esta acción con todo el mundo:

http://www.avaaz.org/es/protege_la_costa/?bvzsXdb&v=26257

Un informe reciente de Greenpeace revela cómo esta nueva ley de costas desprotege el medio ambiente, vulnera un buen número de directivas europeas, y podría favorecer a unos pocos constructores. Uno de los posibles grandes beneficiarios de la reforma de la Ley de Costas, el empresario Juan Miguel Villar Mir, ya ha sido imputado por el Juez Ruz por las supuestas donaciones al PP.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ya ha hecho público un informe que recomienda la intervención urgente de la Comisión Europea, pero temen que los sectores más conservadores impidan que el documento salga adelante. Por eso, nos han aconsejado que en paralelo a sus esfuerzos lancemos una campaña ciudadana.

La nueva ley prevé que una docena de núcleos costeros, elegidos sin criterio conocido, queden exentos de cumplir la Ley de Costas. Además contempla la reducción de la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos y la desprotección de los más importantes humedales costeros y dunas además de pasar por alto las consecuencias del cambio climático.

España, con más de 3,4 millones de casas vacías, con una degradación diaria de 7,7 hectáreas de costa para crear urbanizaciones y una más que sospechosa vinculación entre políticos y empresas constructoras no puede permitirse caer una y otra vez en los mismos errores del pasado. Firma la petición para que la Comisión Europea tome partido, y reenvíala. Y si además quieres que tengan validez legal, añade tu nombre completo con los dos apellidos y tu nacionalidad:

http://www.avaaz.org/es/protege_la_costa/?bvzsXdb&v=26257

viernes, 10 de mayo de 2013

En el Gorguel no cabe un puerto





Una plataforma formada por asociaciones ecologistas y vecinales, personalidades del mundo de la cultura y de la ciencia lucha para que se respeten las figuras de protección de la cala de El Gorguel. Salvemos el Gorguel se opone al proyecto de instalación de la nueva dársena de contenedores en la cala de El Gorguel (Cartagena) así como a su Zona de Actividades Logísticas anexa.

¿Por qué?

Consideramos este proyecto innecesario e injustificado tanto económica como medioambientalmente por los daños irreversibles que sobre este tramo de costa se producirían.

Dicho proyecto no tiene en cuenta que la Unión Europea ha declarado (12/12/2008) la Sierra de la Fausilla como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) con el código de la Red Natura 2000 ES6200025 y Zona de Especial Protección para aves (ZEPA) con el código ES0000199 (marzo 2000), con presencia de camachuelo trompetero, halcón peregrino, águila perdicera y búho real, todas ellas especies protegidas.

Es una de las tres figuras de LIC de medio marino (Franja del Litoral Sumergida de la Región de Murcia ES6200029) por las praderas de posidonia oceánica y por los hábitats marinos y talud continental en buen estado de conservación para el delfín mular y la tortuga boba. Además es un lugar privilegiado para la alimentación y reproducción del delfín listado, delfín común y calderón.

El yacimiento arqueológico de la Playa de El Gorguel ha sido declarado BIEN CULTURAL (BORM nº 62 de 16/03/2011 ).

También la zona ha sido considerada como Lugar de Interés Geológico (LIG) por el interés paisajístico, geomorfológico, estructural, petrológico y mineralógico que incluye la Cala del Caballo, La Cala y el Barranco del Gorguel, prueba de ello es que El Ministerio de Cultura incluyó en 2006 el paisaje minero de Cartagena-La Unión en el listado de propuestas para formar parte del Patrimonio de la Humanidad.

Más información:http://salvemoselgorguel.com/

martes, 19 de febrero de 2013

El Congreso de los Diputados aprueba la reforma de la Ley de Costas

EFE - La reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 1988 será aprobada por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso este martes, con el voto asegurado del PP --que cuenta con mayoría absoluta en el arco parlamentario--, para posteriormente ser enviada al Senado, y así continuar con la 'segunda fase' de su trámite parlamentario.  
(Leer la noticia original publicada por la agencia EFE)

Esta reforma incluye entre otras novedades una nueva concesión de 35 años para los puertos deportivos, o el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas; propuestas realizadas por el PP al texto del Ejecutivo y que esta misma semana fueron incorporadas a la ley.

Eso sí, se establece que, a la hora de conceder una autorización urbanística, en el caso de las obras o instalaciones que afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada.

"Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable", señala el texto incorporado.

TRÁMITE PARLAMENTARIO

En diciembre, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya defendió en el Pleno del Congreso el proyecto de reforma de la Ley, frente a los grupos parlamentarios de PSOE, ICV, UPyD, ERC y Compromís-Equo, que presentaron enmiendas de totalidad para que el texto fuera devuelto al Gobierno, aunque sin éxito, porque estas peticiones fueron rechazadas.

Para el ministro, la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no ha respondido a los fines y objetivos que pretendía --mantener y conservar en buen estado el litoral--, además de haber fomentado una "aplicación errática, contradictoria, deficiente y muy arbitraria" de la propia ley, y crear un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.

Es más, cree que esta controversia ha traspasado las fronteras de España y ha llevado al Parlamento europeo a pedir y revisar "urgentemente" una modificación de la Ley de Costas, a fin de proteger a los propietarios de viviendas y a aquellos que poseen pequeñas parcelas en la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medioambiente costero.

Sobre la inseguridad jurídica, el responsable de Medio Ambiente apuntó a los deslindes en la costas, que determinan qué es dominio público y qué es servidumbre de protección, ya que, en su opinión, se han realizado con criterios "no homogéneos, de diferente forma según los territorios y las épocas, creando la consiguiente sensación de arbitrariedad y agravio comparativo".

PRINCIPALES REFORMAS

Respecto a las principales modificaciones, la nueva normativa define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá un nivel de protección mayor al vigente.

En concreto, el proyecto de ley distingue entre los tramos urbanos de las playas y los tramos naturales, situados en zonas protegidas o en suelo rústico, y alejados de urbanizaciones.

CLÁUSULA ANTI-ALGARROBICO

En palabras del titular de Medio Ambiente se introduce en esta reforma un mecanismo de reacción "rápido y eficaz", que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales, como en el caso de 'El Algarrobico', con la llamada 'cláusula anti-Algarrobico', "que permite al Estado afrontar el problema desde el principio, con respeto a la autonomía local, y que sitúa en los tribunales la decisión de fondo".

Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma, por un plazo máximo de 75 años.

Además, el nuevo texto normativo resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, la Ley de Costas de 1988, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a 1988. En este punto, Medio Ambiente precisa que solo en 2018 expirarían alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.

Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabilizar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo". Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 'chiringuitos' (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).

UNA REFORMA QUE DESPROTEGE EL LITORAL

Precisamente, los grupos ecologistas han advertido de la inseguridad jurídica, de los riesgos del cambio climático y de la vulneración del derecho comunitario que, en su opinión, plantea la reforma de la Ley de Costas.

De hecho, la eurodiputada liberal Angelika Werthmann y la parlamentaria danesa de 'Los Verdes' y responsable del 'informe Auken' de 2009 (que cuestionaba la especulación inmobiliaria en España y el modelo económico sobre el que se basaba), Margret Auken, visitaron esta semana el Congreso "preocupadas" por la futura modificación de la Ley de Costas y con ello, pedirán a la CE que investigue si la normativa que planea el Gobierno vulnera directivas europeas.

En concreto, mantuvieron una reunión informal con el Grupo Socialista, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, UPyD y el Grupo Mixto con el objetivo de demostrar su "inquietud" frente al texto que prepara el Ejecutivo en materia de Costas que, en su opinión, mantiene abierta la puerta a la especulación inmobiliaria en las costas españolas.

Mientras, desde el Gobierno, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press esta misma semana que con la reforma de la Ley de Costas, el Gobierno tiene el "marco normativo y la voluntad de que no vuelva a haber un Algarrobico".

Los inspectores de Costas impusieron 36 sanciones durante el año 2012

La Demarcación castigó especialmente obras e instalaciones sin permiso - Pollença fue el municipio en el que se detectaron más infracciones

A. F. VALLESPIR INCA - DIARIO DE MALLORCA
La Demarcación de Costas en Balears impuso un total de 36 sanciones durante el año pasado, lo que supone una reducción importante de la cantidad de multas respecto a otros años.

Según las estadísticas, el organismo –que depende del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente– aplicó 90 sanciones en 2010, mientras que la cifra fue de 142 multas en 2009.

El jefe de la Demarcación, Juan Carlos Plaza, afirma que las sanciones se limitan "a lo estipulado en la Ley de Costas", que contempla infracciones de carácter general contra el dominio público marítimo-terrestre.

Por municipios, Pollença se llevó casi una tercera parte de los expedientes con castigo (10 sanciones), seguido de Palma, con 5, y Capdepera y Santa Margalida, con 3 cada uno.

Por tipos de infracciones, las obras (27 casos) e instalaciones (20 casos) sin autorización administrativa fueron las violaciones más habituales. En varios expedientes, las multas impuestas se debieron a infracciones dobles tanto de obras como de instalaciones.

El apartado de ocupación sin permiso de la playa solo acarreó 4 castigos, entre los cuales destacó uno muy llamativo a un constructor de castillos de arena de Pollença, que se llevó una multa de 2.163 euros.

El incumplimiento de otros preceptos de la Ley de Costas implicó otras 3 multas, mientras que los fondeos prohibidos supusieron solo 3 multas, ya que la mayoría los vigila en la actualidad el Govern balear.

La multa más llamativa la recibió un constructor de castillos de arena

De entre las 36 multas enviadas en 2012, una destacó por encima de todas. Fue la que recibió un constructor de castillos gigantes de arena de Pollença, quien fue castigado con el pago de 2.163,64 euros, por una aplicación a rajatabla de la Ley de Costas. El caso tuvo lugar en la playa de Albercutx, en el Port de Pollença. El hombre que realizaba la construcción, según relató este diario el pasado diciembre, no disponía de licencia para esa clase de actividades en un lugar de uso público como es la playa, de la que estaba ocupando 18 metros cuadrados en su beneficio.