(Leer la noticia original publicada por la agencia EFE)
Esta reforma incluye entre otras novedades una nueva concesión de 35 años para los puertos deportivos, o el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas; propuestas realizadas por el PP al texto del Ejecutivo y que esta misma semana fueron incorporadas a la ley.
Eso sí, se establece que, a la hora de conceder una autorización urbanística, en el caso de las obras o instalaciones que afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada.
"Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable", señala el texto incorporado.
TRÁMITE PARLAMENTARIO
En diciembre, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya defendió en el Pleno del Congreso el proyecto de reforma de la Ley, frente a los grupos parlamentarios de PSOE, ICV, UPyD, ERC y Compromís-Equo, que presentaron enmiendas de totalidad para que el texto fuera devuelto al Gobierno, aunque sin éxito, porque estas peticiones fueron rechazadas.
Para el ministro, la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no ha respondido a los fines y objetivos que pretendía --mantener y conservar en buen estado el litoral--, además de haber fomentado una "aplicación errática, contradictoria, deficiente y muy arbitraria" de la propia ley, y crear un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.
Es más, cree que esta controversia ha traspasado las fronteras de España y ha llevado al Parlamento europeo a pedir y revisar "urgentemente" una modificación de la Ley de Costas, a fin de proteger a los propietarios de viviendas y a aquellos que poseen pequeñas parcelas en la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medioambiente costero.
Sobre la inseguridad jurídica, el responsable de Medio Ambiente apuntó a los deslindes en la costas, que determinan qué es dominio público y qué es servidumbre de protección, ya que, en su opinión, se han realizado con criterios "no homogéneos, de diferente forma según los territorios y las épocas, creando la consiguiente sensación de arbitrariedad y agravio comparativo".
PRINCIPALES REFORMAS
Respecto a las principales modificaciones, la nueva normativa define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá un nivel de protección mayor al vigente.
En concreto, el proyecto de ley distingue entre los tramos urbanos de las playas y los tramos naturales, situados en zonas protegidas o en suelo rústico, y alejados de urbanizaciones.
CLÁUSULA ANTI-ALGARROBICO
En palabras del titular de Medio Ambiente se introduce en esta reforma un mecanismo de reacción "rápido y eficaz", que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales, como en el caso de 'El Algarrobico', con la llamada 'cláusula anti-Algarrobico', "que permite al Estado afrontar el problema desde el principio, con respeto a la autonomía local, y que sitúa en los tribunales la decisión de fondo".
Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma, por un plazo máximo de 75 años.
Además, el nuevo texto normativo resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, la Ley de Costas de 1988, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a 1988. En este punto, Medio Ambiente precisa que solo en 2018 expirarían alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.
Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabilizar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo". Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 'chiringuitos' (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).
UNA REFORMA QUE DESPROTEGE EL LITORAL
Precisamente, los grupos ecologistas han advertido de la inseguridad jurídica, de los riesgos del cambio climático y de la vulneración del derecho comunitario que, en su opinión, plantea la reforma de la Ley de Costas.
De hecho, la eurodiputada liberal Angelika Werthmann y la parlamentaria danesa de 'Los Verdes' y responsable del 'informe Auken' de 2009 (que cuestionaba la especulación inmobiliaria en España y el modelo económico sobre el que se basaba), Margret Auken, visitaron esta semana el Congreso "preocupadas" por la futura modificación de la Ley de Costas y con ello, pedirán a la CE que investigue si la normativa que planea el Gobierno vulnera directivas europeas.
En concreto, mantuvieron una reunión informal con el Grupo Socialista, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, UPyD y el Grupo Mixto con el objetivo de demostrar su "inquietud" frente al texto que prepara el Ejecutivo en materia de Costas que, en su opinión, mantiene abierta la puerta a la especulación inmobiliaria en las costas españolas.
Mientras, desde el Gobierno, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press esta misma semana que con la reforma de la Ley de Costas, el Gobierno tiene el "marco normativo y la voluntad de que no vuelva a haber un Algarrobico".
